Fiscalía investiga millonario fraude al fisco por obras en terminal aéreo de Puerto Williams

Herrera Jara -quien actualmente reside en la comuna de Quinta Normal en Santiago- llegó al Centro de Justicia en Punta Arenas acompañado de familiares y de su abogado Guillermo Soto.
El fiscal Aguirre le comunicó que se sigue una investigación en su contra ya que “en febrero de 2009 en su calidad de funcionario público de la Dirección de Aeropuertos de la XII Región, se trasladó a Puerto Williams para ejecutar un proyecto de mejoramiento de las instalaciones del aeropuerto de dicha ciudad. Posteriormente, el imputado fue designado en marzo director regional de dicha entidad, lo que derivó en que en el mismo año firmara el otorgamiento de una licitación a la empresa Constructora Quingus Ltda. con un presupuesto inicial de $428.971.470”.
Agregó que además, en octubre de 2009, con el fin de mantener bajo su poder la inspección de las obras sin intermediación de terceros, procedió a designarse como inspector fiscal de la obra en cuestión, y así en el mismo mes, el imputado “emitió un certificado que acreditaba un 0% de avance en la obra inicial”, apuntó el fiscal.
Aguirre explicó luego que pese a lo anterior y sabiendo que las obras no se habían realizado en su integridad, y que por el contrario muchas de ellas estaban sin ejecutar, procedió a defraudar al fisco firmando el estado de pago de las mismas, estampando su rúbrica en su doble calidad: como inspector y director, con lo cual ordenó, validó y certificó que las obras se habían ejecutado conforme al avance indicado, liberando la suma de $190.459.848 a favor de la constructora, efectuándose el pago pese a que ninguno de los trabajos se había ejecutado.
Prosiguiendo con su relato, el fiscal señaló que en diciembre de 2009 (Demians Herrera Jara) se trasladó a Puerto Williams para efectuar la inspección fiscal en la obra, y en dicha visita a terreno incumplió con sus funciones, al no asentar ninguna anotación en el libro de obra respectivo, único instrumento válido para dichos efectos, solicitando incluso que se le dejaran cuatro hojas en blanco, lo que resulta del todo irregular.
Añadió que el imputado retornó a “Punta Arenas y constándole la no realización de los trabajos, el 21 de diciembre aumentó el plazo del contrato, ordenando además emitir un segundo estado de pago por $281.038.175, dando fe de que se habían ejecutado todas las obras, faltando a la verdad, firmando tal documento de carácter público”. Cabe señalar que dicho documento fue objetado, por lo que Demians Herrera solicitó al director subrogante de la época que lo firmara, manteniéndose él como inspector, validando la ejecución de las obras liberándose el pago, explicó ante el Juzgado el fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre.
Por todo lo anterior, a juicio de la Fiscalía, al imputado le cabe directa relación con la defraudación en perjuicio del fisco de Chile y al Ministerio de Obras Públicas por un monto de $187.020.958 por conceptos de pagos emitidos por obras ejecutadas, las cuales no fueron concretadas.
Consejo de Defensa del Estado
En la causa iniciada en contra del ex funcionario público se sumó como querellante la abogada Paula González Cáceres, quien compartió los cargos formalizados, especialmente en cuanto al último certificado emitido en marzo de 2010 por el imputado.
En el documento se aseguró que en la última visita que efectuó a Puerto Williams se constataron avances del 84% de los trabajos, lo que posteriormente en abril, por medio de una auditoría, se ratificó que los avances no superaron el 54% del trabajo final.
Finalmente, la Dirección de Aeropuertos debió proceder a la recepción anticipada de la obra y poner término al contrato.
Conexión entre imputado y la constructora
Finalizada la audiencia, el fiscal Aguirre dio a entender un presunto vínculo entre el imputado y la empresa constructora, señalando que las diligencias a posterior intentarán revelar si éste existe o no.
Planteó que por las abultadas cifras del perjuicio, el imputado puede arriesgar una pena que supere los 5 años y 1 día de prisión, sin contar el ilícito de falsificación de instrumento público.
El Tribunal estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación del Ministerio Público, período en que Demians Herrera no podrá abandonar el territorio nacional y deberá firmar el libro de control cada 15 días en la Fiscalía Oriente de Santiago.