Contraloría investiga presuntas irregularidades en fiscalización de terrenos de Bienes Nacionales

Se trata de anomalías “en la fiscalización de la concesión onerosa otorgada a través de Decreto Exento Nº418 de fecha 29 de noviembre de 2006, para un proyecto de Centro de Visitantes Caleta Wulaia en la comuna de Cabo de Hornos, otorgado a la empresa Transportes Marítimos Terra Australis S.A.”, donde se persiguen responsabilidades disciplinarias.

Según consta en la denuncia, dicha firma obtuvo, en noviembre de 2006 y por un plazo de 25 años, la concesión del Ministerio de Bienes Nacionales del Lote 3A, de una superficie superior a las 1.400 hectáreas, en la provincia Antártica. La concesión fue otorgada contra la ejecución de un proyecto denominado Centro de Visitantes Caleta Wulaia, que obligaba a la empresa respecto a plazos para la ejecución e inversiones obligatorias, complementarias y adicionales, las cuales no habría materializado.
Por otro lado, se obligaba a la concesionaria entregar al Ministerio de Bienes Nacionales y dentro del mes siguiente al vencimiento de cada año contractual, un informe anual sobre el estado de avance de las inversiones obligatorias, documentos que el denunciante desconoce si se presentaron.
Irregularidades
La denuncia plantea que el 2012, el Ministerio a través de sus secretarías regionales, implementó un sistema de fiscalización anual de la cartera de inmuebles fiscales administrados. En este contexto, el titular de la cartera, Alfonso Roux Pittet, habría solicitado a través de oficio del 26 de julio de 2012, al representante de la empresa Transportes Marítimos Terra Australis S.A., Gerardo Alvarez Zenteno, una serie de antecedentes de la propiedad fiscal entregada en concesión.
Meses después, concretamente en enero de 2013, la autoridad regional de Bienes Nacionales habría pedido a la firma, que dos funcionarios fiscalizadores del Ministerio, Sergio Vargas Leyton y Víctor Passeron Cifuentes, fuesen embarcados en el crucero Stella Australis, propiedad de la misma concesionaria, para visitar el sector de Wulaia y financiar, con cargo a la empresa, todos los gastos asociados a la visita y su regreso a Punta Arenas.
Entre estos cargos, se encontrarían el desembarco en Puerto Navarino, traslados terrestres desde dicho lugar hasta Puerto Williams, pernoctación, traslados al aeropuerto y pasajes aéreos a Punta Arenas, todo lo cual se habría concretado entre el 2 y el 6 de febrero de 2013.
La situación se habría repetido en 2014, pero en este caso, con el embarque y atención de los funcionarios Jorge Espineira Muñoz y Armando Magan Pritchard, quienes esta vez habrían sido embarcados en el crucero Vía Australis, entre el 2 y el 6 de enero de 2014, oportunidad en la que la empresa concesionaria habría, nuevamente, cancelado todos los gastos asociados a la visita.
La denuncia especifica que el viaje en ambos cruceros durante 3 días, incluía otros privilegios, como cabinas de pernoctación, bar abierto, cenas y almuerzos, actividades de esparcimiento, caminatas y otros publicitados por la misma concesionaria en la venta de estos productos turísticos.
Por otro lado, se establece que el 13 de abril de 2013, a través de un oficio ordinario, el seremi de Bienes Nacionales de la época, Alfonso Roux, reconoció que la empresa asumió estos costos y que ésta mantiene obligaciones contractuales no materializadas en la concesión.
Beneficios
La presentación en Contraloría establece que, luego de los viajes de los fiscalizadores, el 27 de enero de 2014, ingresó una solicitud de parte del representante de la empresa Transportes Marítimos Terra Australis S.A., Gerardo Alvarez Zenteno, a la secretaría de Bienes Nacionales, donde se solicita el alzamiento de la prohibición inscrita a fojas 977 vuelta Nº990 del Registro de Interdicciones y Prohibiciones del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, que afectaba al lote 3B, sector Caleta Wulaia.
“Como resultado, (…) se emitió la resolución exenta Nº103 del 5 de marzo de 2014, por la cual se alzó y canceló la prohibición de gravar y/o enajenar” dicho territorio, según plantea el escrito.
Contrato
El alzamiento fue otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales pese a que la empresa no habría efectuado la totalidad de las inversiones obligatorias, complementarias y adicionales comprometidas en el contrato de concesión.
La denuncia señala que “entre las inversiones comprometidas y que a la fecha no se han efectuado, están la identificación, clasificación, protección, rescate y señalización de 32 sitios arqueológicos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley de Monumentos Nacionales; construcción de refugios especificados en el proyecto; control de la actividad de caza de especies endémicas vulnerables al interior del área de conservación; la identificación y reparación de yacimientos arqueológicos; y la elaboración de un plan de prevención, presunción y combate de incendios, entre muchos otros”.
Fiscalizaciones
Usualmente, las fiscalizaciones se efectúan tanto a través de embarcaciones de la Armada de Chile, como de Carabineros, quienes coordinan el traslado de fiscalizadores como Sernapesca, Policía Internacional, entre otros, por vía marítima.
El denunciante establece que “los funcionarios públicos deben constituir la expresión de un deber y por ellas, éstos reciben una remuneración por parte del Estado. Los demás costos que puedan generar tales actuaciones son cubiertas con los recursos que proporciona, año a año, la Ley de Presupuestos del sector público. De allí que se haya acuñado el principio de gratuidad de la función pública (…). Debido a esto y para resguardar la imparcialidad de las decisiones públicas, las normas impiden que los funcionarios puedan solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para terceros”.
Tras recepcionar la presentación, la Contraloría General señaló que, en el ámbito de la Función de Auditoría e Investigaciones Especiales realizará una fiscalización sobre la materia, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y el respeto del principio de probidad administrativa.